500 mil firmas para 500 mil personas esenciales
Un grupo de ONG inició en el mes de enero una campaña, que durará hasta el mes de septiembre, para la recogida de 500.000 firmas que les permita registrar en la Cámara baja una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para realizar una regularización extraordinaria de las personas migrantes que se encontraban en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021.
Esta campaña ha sido apoyada por el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Cáritas Española y nuestra Cáritas Diocesana que se implicará en la recogida de firmas.
El respeto de los derechos fundamentales de cada ser humano, la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad y la existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos, son las tres principales razones que señalan estas entidades para poner en marcha esta iniciativa que ya apoyan hasta 600 ONG.
Estas entidades han señalado que, según sus estimaciones más recientes, en el país residen de manera administrativa irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad… Estas personas son vecinos, amigos, los niños que van al colegio con nuestros hijos o quienes cuidan a los mayores. Su aportación a nuestra sociedad se ha hecho especialmente visible durante la pandemia y en los sectores más imprescindibles, como el de los cuidados, la agricultura o la sanidad.
Desde las organizaciones que impulsan esta acción señalan que el sistema de acceso a la residencia contemplado en la Ley de Extranjería resulta insuficiente y limitado, no se ajusta a la realidad y no responde a la situación actual de exclusión de las personas migrantes que viven y trabajan en España.
La situación de vulnerabilidad y desprotección que sufren estas personas es enorme ya que la situación de irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de servicios públicos esenciales como la vivienda, la educación y la sanidad. Ante esta situación, una regularización extraordinaria supondría una apuesta por los derechos fundamentales de cada ser humano.
Cinco motivos que fundamentan esta iniciativa
- Un desafío demasiado grande para ser ignorado
Unas 500.000 personas, transitan España de forma irregular. En torno al 14% de los migrantes extracomunitarios que viven en España se encuentran en situación administrativa irregular. La composición de este colectivo muestra una mayoría amplia de latinoamericanos (solo el 11% de los migrantes irregulares son africanos), con preeminencia de mujeres, jóvenes y con niños. - El respeto de los derechos fundamentales de cada ser humano
Al margen de medidas económicas o políticas, el sentido del deber prima en este contexto. Lo decente es dar solución a este problema.
La irregularidad constituye un poderoso factor de vulnerabilidad y un determinante de los derechos más básicos de las personas. Impide el adecuado acceso a la justicia para las víctimas, limita el derecho a la salud y la educación, multiplica las posibilidades de vivir en la pobreza y deja al trabajador desprotegido frente a la explotación.
Una de cada tres personas extranjeras está en riesgo de exclusión social severa, una proporción tres veces más alta que la de los nacionales. La tasa de riesgo de pobreza en los hogares de migrantes con menores a cargo es del 60%; para los hogares españoles, esta tasa es del 20%. - Beneficia al conjunto. La regularización de estas personas sería beneficioso para el conjunto de la sociedad ya que aunque los trabajadores en la irregularidad pagan impuestos indirectos a través de su consumo, el empleo en la economía sumergida les impide realizar aportaciones fiscales directas a través del impuesto sobre la renta y las contribuciones sociales.Fortalece la seguridad sanitaria
- Vivir en la irregularidad también es un factor de alto riesgo epidemiológico. La población migrante sin papeles se encuentra entre los potenciales grupos de alto riesgo por las vulnerabilidades sanitarias previas, incluyendo la prevalencia de enfermedades, sin embargo, no tienen asistencia sanitaria, o temen acudir a centros de salud por miedo a ser deportados.
- Se ha hecho antes. Regularizar la situación de personas migrantes es algo que ha se ha realizado con anterioridad en hasta nueve ocasiones, cinco con gobiernos del PP y cuatro con el PSOE. El mejor ejemplo es el de los ucranianos, que tras el estallido de la guerra tendrán acceso a permisos de residencia y trabajo en España.
Desde el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española nos animan a impulsar y tomar parte activa en esta iniciativa aduciendo que:
La situación administrativa irregular en la que se encuentran tantas familias no contribuye ni a su inclusión ni a su desarrollo integral. Por tanto, a la luz de la Enseñanza Social de la Iglesia consideramos que el contenido de la iniciativa en cuestión es justa. Los argumentos presentados pueden complementarse bien con los propuestos tantas veces por la Iglesia en la voz de sus obispos, entidades y, sobre todo, del Papa Francisco cuando aboga por “establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía” (FT 131). Regularizar a las personas migradas contribuye precisamente a eso; es una continua y prioritaria demanda de nuestra Iglesia de cara a poder acoger, proteger, promover e integrar dignamente.
Esta iniciativa popular se enmarca como un ejercicio responsable de gobernanza ciudadana en el marco de un Estado que tiene el derecho de regular los flujos migratorios en un contexto más amplio de co-responsabilidad en la Unión Europea.
Como recordaban nuestros obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021: “tenemos la tarea de ayudar a recrear el modelo de ciudadanía que propicie una cultura de la integración que, además, aprenda a globalizar la responsabilidad de vivir juntos en esta casa común. La salida es incorporar aquello a lo que Fratelli Tutti invita: “una mejor política, política puesta al servicio del verdadero bien común” (FT 154).
La postura del Vaticano
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral emitió el 6 de junio de 2020 una nota donde se mostraba favorable a la regulación de las personas migrantes:
Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, el llamamiento en apoyo de la regularización se basa en la convicción de que «El primer compromiso de cada uno hacia el otro y, sobre todo de estas mismas instituciones [políticas y sociales], se debe situar en la promoción del desarrollo integral de la persona» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 131). Este principio no sólo se aplica a los ciudadanos de una determinada comunidad política, sino también a todas las personas que viven en su territorio. Se deben eliminar todos aquellos comportamientos o condiciones que comprometan la realización del desarrollo humano integral de toda persona. La condición de irregularidad constituye una de estas condiciones, a la que se puede poner fácil remedio mediante un acto administrativo.