La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) y Cáritas presentó en Madrid el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014
Fruto de un vasto trabajo de investigación sociológica realizado en los últimos cinco años y en el que ha participado un equipo de más 90 expertos e investigadores de 30 universidades de nuestro país, el Informe analiza de forma exhaustiva -a lo largo de casi 700 páginas, ocho capítulos y un anexo- cuestiones como el modelo social de nuestro país, la actual distribución de la renta, los procesos de exclusión social, el mercado de trabajo, el estado de bienestar, qué nueva sociedad surgirá tras las crisis, el capital social y cultural, y la situación de España en el entorno internacional.
El Informe entra de lleno en el análisis de nuestro modelo de desarrollo social, en el que destacan los altos niveles de desigualdad salarial, la limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos y un sistema de prestaciones reducido, poco protector en el tiempo y que no se adecua a las necesidades de los hogares en función de sus características.
Con ello, si el crecimiento era el “buque insignia” de ese modelo social antes de la crisis, ahora estamos en un momento en el que son las necesidades de ajuste las que guían las decisiones políticas y las que construyen nuestro imaginario colectivo. De nuevo, se queda fuera del foco la necesaria incidencia sobre los elementos estructurales que están en la base de un modelo a reformar.
Se señala cómo los efectos de la crisis en la renta en nuestro país son preocupantes, ya que el porcentaje de hogares afectados simultáneamente por problemas de privación material y de pobreza monetaria ha aumentado casi un 50% en los últimos años.
Además, la crisis no ha afectado a todos por igual, ya que se ha cebado con las rentas más bajas y ha afectado a la convergencia territorial entre Comunidades Autónomas, que se ha ralentizado. De hecho, se dan diferencias sustanciales en la incidencia de la exclusión social en territorios con niveles de riqueza similar.
Más exclusión social
De la envergadura de este deterioro da cuenta el hecho de que el núcleo central de la sociedad española considerado en situación de integración social plena es ya una estricta minoría y en la actualidad representa tan solo el 34,3%, mientras que en 2007 superaba el 50%.
Esto significa que la población excluida en España asciende ya al 25% y afecta a más de 11.746.000 personas. De ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa. Además, hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 personas excluidas ya estaban en esta situación antes de la crisis.
La precariedad afecta a ámbitos como la vivienda y la salud. De los 11,7 millones de excluidos, el 77,1% sufren exclusión del empleo, el 61,7% exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la salud.
En cuanto al perfil sociológico, son las familias de mayor tamaño las que más afectadas se han visto, sobre todo familias en las que hay muchos niños y muchos jóvenes.
Asimismo, se multiplica de forma generalizada la vulnerabilidad de la juventud. Dos datos: el 35% de los jóvenes vive en hogares excluidos y el 27% de los jóvenes desocupados está fuera del sistema educativo. Como se indica en el Informe, en cierto sentido puede hablarse de una “generación hipotecada”.
La crisis ha impuesto también importantes cambios en el modelo de relaciones sociales, que en la actualidad se caracteriza por la “dualización” y la “polarización” social. Es decir, que los más vulnerables y más pobres disponen de menos recursos y sufren pérdida de centralidad en las decisiones, mientras los más ricos cuentan con más recursos y más centralidad en las decisiones.
De hecho, es posible afirmar que se ha roto el contrato social que era la base de la estructura del bienestar y que la agenda reformista que se viene produciendo desde hace años está transformando, de forma simbólica, nuestro “contrato social” en un “contrato mercantil”.
Empleo
El VII Informe FOESSA señala la existencia de una “generación expulsada” de trabajadores para los que ha mermado el tipo de puesto que desempeñaban y cuya cualificación es escasamente aplicable en otros sectores.
En la actualidad, la tasa de trabajadores excluidos se sitúa en el 15%. Y puede decirse que el trabajo deja de ser un espacio de consolidación de derechos para convertirse en un espacio de vulnerabilidad y de pérdida de capacidad económica, social y personal.
Al analizar los efectos de las políticas de austeridad tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, la investigación confirma que los recortes en servicios sociales y bienestar son incompatibles con la consecución del objetivo de reducción de la pobreza recogido en la Estrategia Europea 2020.
Al mismo tiempo, otros derechos, como sanidad, educación, protección social y apoyo a la dependencia presentan condiciones de acceso cada vez más restrictivas.
Para los autores, la conclusión es clara: las reformas en el sistema de bienestar social en España, especialmente las desarrolladas a partir de mayo de 2010, han supuesto una regresión en las políticas sociales.
Familia, sociedad civil y participación
El Informe dedica una buena parte de sus análisis a poner en valor las fortalezas que muestran la sociedad española y las oportunidades que ese capital social ofrecen para la necesaria regeneración.
Se identifican capitales sociales como las de la solidaridad familiar y las redes de ayuda, que, aunque con cierto riesgo de debilitamiento, resisten a pesar del largo impacto de la crisis. Se trata de un reforzamiento que responde, en buena medida, a la retirada de los mecanismos de apoyo social basados en las políticas públicas.
Dentro del sistema familiar, llama la atención el cambio del papel de las personas mayores que pasan de ser “cuidados” a reforzar su papel como cuidadores. Su apoyo al resto de la familias se ha convertido en fuente de seguridad, por factores como la pensión, la vivienda en propiedad y la conservación de las relaciones familiares. Y se advierte de que todo lo que mine estos tres elementos pondrá en peligro una de las principales mallas de seguridad de nuestra sociedad.
¿Qué dice de Extremadura?
–La tasa de pobreza 2013 en Extremadura es una de las más elevadas de España, un 30,9%, sólo superada por Ceuta y Castilla-La Mancha.
-Los porcentajes de extremeños residentes en hogares que no pueden hacer frente a gastos imprevistos o que tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda fue 46,9 y 8,8%, respectivamente.
-El 21,9 y 22,7% de los extremeños llegaron en 2013 a fin de mes con mucha dificultad o simplemente con dificultad, respectivamente.
-El 17,8% de los extremeños menores de 60 años vivía en hogares con baja intensidad de trabajo.
-En Extremadura cerca de 290.000 personas se ven afectadas por procesos de exclusión social.
-Destacar las casi 88.000 personas (30,4% del total de la exclusión) que se encuentran en la exclusión severa en Extremadura. La acumulación de problemas en distintas dimensiones ha crecido significativamente.
-En comparación con el conjunto de los hogares en España en 2013, la acumulación de problemas en distintas dimensiones es más visible entre los hogares situados en Extremadura.
-No cabe duda de que son los ámbitos del empleo, de la vivienda y de la salud los que más han aportado al aumento de la fractura social en España. Son los mismos ámbitos que predominan en la situación de exclusión social de la población de Extremadura, aunque con niveles de incidencia inferiores.
-Cabe señalar también la mayor incidencia de los ámbitos del consumo y de la educación en Extremadura. La persistencia de la crisis está provocando que la pobreza en España y Extremadura sea “más extensa, más intensa y más crónica”.
-El grado de exclusión social es mayor en Extremadura que en el conjunto nacional, aunque es más reducida la exclusión severa.
-La situación laboral destaca como el factor más determinante de exclusión. Sin embargo, existen fenómenos adicionales que continuarían aunque mejorase ésta a los que se debería estar atentos.
-No se debería olvidar el carácter relativo de la pobreza y la exclusión: es necesario ir más allá de la satisfacción de una serie de necesidades y tener en cuenta el nivel medio o deseado para la población. En caso contrario, podríamos estar justificando la existencia de bolsas de población con un nivel de vida muy separado del promedio nacional, sólo porque tienen lo necesario para vivir.